MENSAJES EN CÓDIGO

Sobre el editorial de El Tribuno titulado “La campaña política enrarece la convivencia de los salteños”

MENSAJES EN CÓDIGO

Por: Jorge Villazón

Para El Tribuno la convivencia parece tener que ver con los insultos sin identificación del insultado, con la generalización en la sospecha, con la descalificación del mensajero y con la ocultación obscena del fondo de la cuestión cuando se trata de denuncias de corrupción del tiempo de Juan Carlos Romero en el Gobierno provincial. Así lo prueba el editorial del 10 de octubre sobre las denuncias en el manejo de compras y ventas de la finca La Ciénaga.

Todo comienza con la absurda aseveración de que “En Salta comenzó la campaña electoral. Para un sistema democrático de gobierno es algo prematuro”, como si hubiera posibilidad de “campaña electoral” en un sistema de gobierno no democrático. La falta de una identificación clara sobre las diferencias no es un dato menor.

De inmediato el editorialista arranca diciendo que “La democracia se supone como “poder del pueblo”, pero en la práctica se producen distorsiones y la campaña electoral suele convertirse en pelea por el poder entre facciones, grupos o elites.” Es tal la confusión, que se usan como sinónimos los que son verdaderos antónimos. Facción significa parcialidad de gente amotinada o rebelada, bando, pandilla, parcialidad o partido violentos o desaforados en sus procederes o sus designios. Grupo es, según La Real Academia Española, pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, material o mentalmente considerado y elite es minoría selecta o rectora, según la misma fuente. Tres cosas muy diferentes que en este caso se deberían identificar para no descalificar generalizando.

Como única justificación de lo actuado por el Gobierno de Juan Carlos Romero se expresa que “la corrupción es un mal que afecta a todos los gobiernos y de ella no se salva ni el Vaticano”. Si no fuera por la grosera comparación se podría señalar que esto es muy gracioso.

Tratando de desvirtuar la denuncia se refiere a los denunciantes expresando que “de esa manera salen al ruedo las miserias más nocivas para la convivencia política en el seno de la sociedad. Así, por ejemplo, ganan pantalla los advenedizos que, a través del escándalo, buscan espacios que no conseguirían nunca con buenas artes. Al mismo tiempo, proliferan los extorsionadores profesionales, especializados en financiar sus emprendimientos radios, publicaciones impresas, programas televisivos y, por qué no, turísticos, inmobiliarios y rurales - con los dineros y las prebendas originados en el erario público.” Nos preguntamos a quiénes se refieren y a qué momento de la historia reciente se recurre para señalar esas inconductas y esos verdaderos delitos. ¡Cuidado con eso de salivar hacia arriba!

En otro párrafo se sostiene que “hace pocos días, un diputado provincial con historia breve y alquilada lanzó una denuncia de corrupción en una operación inmobiliaria, una acusación jurídicamente insostenible como lo evidencia la misma promoción de acción penal-pero con efectos escandalosos.”  Miremos con atención a quienes hablan de “historia breve y alquilada” y sus actuaciones a la hora de llevar diputados y senadores a la Legislatura provincial o al Congreso nacional y nos daremos con los que de esto sí que saben.

En cuanto a lo “jurídicamente insostenible” es bueno referirse a las declaraciones de la ex Secretaria General de la Gobernación, actual Senadora Nacional y precandidata a la Gobernación, Sonia Margarita Escudero que en El Intransigente dijo que “Me parece que estamos frente a una posible evasión impositiva”. Es casi imposible dejar de recordar la historia que lo mando preso al mafioso Al Capone sin caer en odiosas comparaciones. La feria de “todo por 100.000 pesos” es un modus operandi de obviedad absoluta y escandalosa.

Tapándose la nariz hablan de que “esto es el ejemplo típico de lo que tradicionalmente se denomina “política de la cochambre”; esta palabra significa “suciedad, cosa grasienta y de mal olor” y a renglón seguido afirman que “Salta tiene demasiado de bueno, en su pasado, su presente y su futuro, como para andar destapando cloacas.”  Cualquiera tendría derecho a preguntar: ¿Existen cloacas en el accionar del gobierno anterior en la provincia?

Respecto de uno de los testigos de actos de supuesta corrupción en el proceder de Juan Carlos Romero en la compra de La Ciénaga afirman que “la aparición en los medios de comunicación de un denunciador hasta hace poco desconocido se sumó al escándalo. Quienes lo convocaron prefirieron obviar su currículum, que incluye más de 50 causas penales por delitos de diversa laya, incluido el homicidio.”  Preguntamos: ¿De quién o quiénes fue socio Néstor López durante el tiempo en que se motivaron las causas mencionadas o el homicidio? De nosotros no, evidentemente. Además insistimos con que es un testigo y no un denunciante.

En esto de las relaciones peligrosas también resulta sorprendente la afirmación acerca de que “cuatro décadas extorsionando por radio no legitiman a nadie como periodista, sino que lo muestran como un corrupto”, lo que nos lleva a  pensar quién, sino Mario Peña que cumplió esas décadas hace unos días sería el aludido, por qué fue Juan Carlos Romero a saludarlo y por qué nunca lo denunciaron desde el gobierno del mencionado Romero si fuese que en algún momento los extorsionó. Agregan en el editorial que esos extorsionadores “rara vez deben rendir cuenta ante los tribunales sobre el origen de sus fortunas.” Es de esperar que El Tribuno abandone su sistema de mensajes en código y los denuncie con identificación inequívoca. Caso contrario el enunciado se parece a una amenaza y un intento de callar a alguien en particular.

También es válida para nuestro análisis la frase sobre que “ese escándalo involucra a un ministro del actual Gobierno provincial”, sería oportuno señalar que Rubén Fortuny estaría involucrado por lo que hizo bajo las órdenes de Juan Carlos Romero y no durante su actual cargo. Hacia futuro Fortuny deberá dar explicaciones convincentes. Por ahora hablamos de su pasado reciente.

Respecto a las insinuaciones sobre mi tarea periodística prefiero no defenderme de manera directa y seguir haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora. Mi única intención, más allá de la supuesta mediocridad o de mi  probable escasa audiencia, intento sólo contribuir al esclarecimiento de hechos reñidos con los deberes de algunos funcionarios públicos. Si esto provoca pavura no es esa mi intención.

Por último asombra leer, como final de opinión, que “El Tribuno ha atravesado en su historia momentos mucho más difíciles que el actual”, primero porque no nos imaginábamos que el actual momento sea tan difícil para ellos y menos aún podemos entender por qué se sienten involucrados en la denuncia que en ningún momento excedió la actuación de Juan Carlos Romero como Gobernador. De lo contrario estaríamos ante un escándalo mucho mayor.

Salta, 11 de octubre de 2010