Dos delitos de igual factura e intencionalidad

Un posible delito a dos puntas

Α y Ω de La Ciénaga

Por: Jorge Villazón

Tanto en la primera intervención del Estado Provincial, como en la última sobre el predio conocido como Finca La Ciénaga, el mismo Gobernador pudo haber cometido la acción de favorecer a su familia más cercana y a sí mismo a costo de la hacienda salteña. Tanto en alfa como en omega

Para describir esto no es necesario comprobar que el primer supuesto delito se haya realizado pensando en el segundo. Fue necesario que ocurriera el primero para que el segundo fuera posible y también necesario, agrego yo. Pero si se toman de manera individual, igual pueden ser sospechados de peculado o de uso de los dineros y los bienes públicos desde una posición de decisión de Juan Carlos Romero para favorecer a su entorno familiar.

Romero ha declarado hace pocos días que no es razonable sostener que en 1998 se podía saber que él estaría en el Gobierno en 2004, esto puede ser entendible. Lo que hay que aclarar es que más allá de tener aquel conocimiento, lo que ocurrió finalmente con La Ciénega fue posible porque se hizo aquello del ’98. Además lo que también se puede demostrar es que aquello y lo último configuran una acción reiterada que aparece perseguible por la Justicia. Fueron en momentos diferentes, pero fueron sobre el mismo predio y con igual intencionalidad y resultado en cada una de ellas. Sin duda.

Para realizar la primera intervención no importaba si Romero seguiría siendo el Gobernador y si las obras públicas de su Gobierno se realizarían del modo que se hicieron. La última fue una intervención obligada por la realizada originalmente, aprovechando que Romero seguía en el Gobierno y que la obra pública se había direccionado de la manera que se hizo. Se podría decir que lo del 2004 se hizo para reparar una consecuencia impensada de lo hecho en el ’98. 

La primera intervención: En el ’97 y en el ’98 el empresario y productor agropecuario Domingo Gerardo Martín intentó vender al Gobierno de Salta, presentándose en dos licitaciones públicas, 356 hectáreas de su propiedad ubicadas en La Ciénaga. En ambas ocasiones se desechó su oferta por entender que el precio, las características y la localización de las tierras no eran admisibles para el loteo con fines de vivienda o reubicación de familias de escaso recursos. Agobiado por las deudas que lo ponían al borde de remates ya decididos en ámbitos judiciales, Martín, según relató públicamente Néstor López propietario de la firma Import S.R.L, recurrió a él para ofrecerle la comisión de venta de sus tierras a particulares interesados, pactándose en la ocasión una cesión del 30 % de las hectáreas si se concretaba algún negocio.

Así fue como López interesó a su primo hermano Juan Carlos Romero, Gobernador de Salta, para que éste a su vez interesara al Banco Macro en la posibilidad de compra. Al primero porque ambos sabían, según afirma López, que el “desarrollo y expansión de Villa San Lorenzo sería hacia ese lugar” y al banco porque Martín era deudor del mismo por una operación originada en el ex Banco del Noroeste. Los detalles del recorrido en helicóptero y otras cuestiones tales como las ofertas de propiedades a cambio de las 365 hectáreas ya son de público conocimiento. López siempre remarcó que su oferta era para un negocio privado en donde él participaría con el 30 % de las tierras según la oferta de Martín y que él proponía la participación del Macro porque sabía que, por aquellos tiempos, su primo hermano Romero no contaba con dinero propio suficiente para el emprendimiento.

Imprevistamente el 5 de junio de 1998 el Gobierno emite el Decreto 1279/98 en base al expediente 131-18404/98 del Ministerio de Hacienda, en donde se acepta la oferta de venta directa, sin licitación, de parte de Martín de una parcela de las mismas tierras que habían sido desechadas en dos licitaciones públicas y con la autorización para que con el 50 % del valor de compra se cancele la deuda que Import S.R.L., propiedad de López, con el residual del Banco Provincia y con el otro 50% se cancele la deuda que el propio Martín tenía con el Macro. El Gobierno compraba 90 hectáreas, estas se cotizaban casualmente en 1.100.000 pesos-dólares y las deudas a pagar eran de 550.000 pesos-dólares cada una. El 14 de julio del ’98 la escribana  María Cecilia Pérez De La Fuente, con domicilio de trabajo en el mismo edificio propiedad del escribano Víctor Manuel Brizuela inscribía una división de condominio de las tierras y el 15 del mismo mes y año el Escribano de Gobierno Víctor Manuel Brizuela inscribía el dominio como del Estado Provincial. 

Las tierras se destinaban a Familia Propietaria por ser, ahora, “sumamente aptas para ese fin” y también casualmente la operación beneficiaba al Banco Macro, empresa allegada, y al primo hermano del Gobernador Romero, generándose también esa particular manera de manejar compra de tierras desde un  conveniente ofrecimiento y con precios claramente “dirigidos”.

De esta manera con dineros del Estado el Gobernador había consumado el primero de los supuestos delitos sobre las tierras conocidas como Finca La Ciénaga.

La segunda intervención: El 16 de febrero de 2004 el Estado vendía las tierras a un particular en 120.000 dólares, casi una décima parte de lo pagado por la compra a Martín, de acuerdo a un raro ofrecimiento que se le había hecho al interventor del Instituto Provincial de Vivienda Víctor Manuel Brizuela y la operación era inscripta por la Escribana de Gobierno Laura Inés Wayar que había tenido y tiene hoy oficinas compartidas con Brizuela. El 4 de junio de 2004 la ex Escribana de Gobierno Pérez De La Fuente, también con domicilio en la escribanía de Brizuela, compra esas tierras en 100.000 pesos para una sociedad de su propiedad mayoritaria y la ex  Escribana de Gobierno Wayar inscribe la compra en la Dirección General de Inmuebles. Mientras tanto Brizuela era Ministro de  Gobierno y su dependiente escribana Dellmans se desempeñaba como Escribana de Gobierno. El 11 de setiembre de 2009 el escribano Brizuela anota la venta de las tierras de la escribana Pérez De La Fuente en 100.000 pesos a favor de Estancia El Carmen S.A. con domicilio compartido con el diario El Tribuno y con propiedad y conducción del ex Gobernador Juan Carlos Romero  su hijo y otros familiares. ¿Cómo se llegó a la segunda intervención estatal sobre Finca La Ciénaga y su destino final a la empresa de Romero?

Al poco tiempo de la compra para Familia Propietaria, desde el Gobierno provincial se decidía las construcción de la autopista del llamado Acceso Oeste y la que desde la autopista a San Lorenzo uniría ese acceso a la autopista del norte con San Salvador de Jujuy. Esta última con iniciativa privada no se llegó a concretar. Quizá faltaron cuatro años más.

Con la decisión tomada y las obras en construcción, empresas allegadas a Romero, otras con participación accionaria de él, de algunos de sus familiares y miembros del Gabinete Provincial, se lanzan a la compra de las restantes 275 hectáreas de Domingo Gerardo Martín y de unas aproximadamente 600 hectáreas del empresario Guillermo Solá. Con verdaderos aprietes desde el Gobierno, con remates determinados en complacientes ámbitos judiciales y con fantasmas provenientes de autos de prisión desde la Justicia Federal de Salta, lograron su cometido.

Quedaba por resolver el caso de las 90 hectáreas de Finca La Ciénaga que trababan el desarrollo de cualquier loteo VIP, por su ubicación interferente y por la amenaza que generaba la posibilidad de un loteo para indigentes en medio de lo que se entendía sería una zona de alta gama. Dejar esto en manos del Gobierno podría ser la peor pesadilla originada en la posibilidad de un cambio de conducción después de las “dos reelecciones consecutivas”.

Aprovechando la intervención en el Instituto Provincial de Vivienda del escribano Brizuela, en el 2004 se recibe una oferta de José Luis Agustoni, dirigente del rugby salteño, con domicilio en el estudio del abogado Raymundo Sosa también dirigente de ese deporte, apoderado y familiar directo de Brizuela, abogado de Romero, proveedor del Estado en tierras para el Instituto de la Vivienda y defensor de Domingo Martín en la causa federal ante el juez Antonio Medina, quien había sido socio de Sosa antes de ser juez. La oferta consistía en ofrecer la venta de 12 hectáreas para la construcción de viviendas  por un total de 1.900.000 pesos aproximadamente, pero solicitando que como dación en pago se le transfirieran las 90 hectáreas de La Ciénega con una cotización de 460.000 pesos, o sea el 10% de lo que había pagado el Estado a Martín y López.

El estado aceptó y cuando hace pocos días se consultó, en ocasión de su presentación voluntaria ante el juez de la causa promovida por la Fiscal María Inés Loyola, al funcionario de Control de Gestión del IPV, Esteban Cha Usandivaras si esto era una práctica corriente en las negociaciones de compra  de tierras, señaló categóricamente que era el único caso que él conocía en su larga trayectoria.

Ahora las tierras de La Ciénega se habían sacado de la órbita del estado, se encaminaban a ser transferidas a la propiedad familiar del ex Gobernador y se subsanaba la imprevisión del ’98.

La segunda intervención es tan pasible de ser investigada en la Justicia como la primera. No importa el tiempo transcurrido, no importa saber si en el ’98 se conocía quién iba a ser Gobernador ni qué autopista se haría. Lo que se sabe es que en las dos oportunidades el dinero del Estado, que debía ser destinado a los que menos tienen, había sido utilizado para beneficio de los que lo administraban. Una vez pagando de más sin darle el fin determinado y otra vendiendo a menos sin justificar el cambio del fin. Hay material para investigar tanto en A como en Ω.

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